Comunidades de la Sierra de Santa Marta refuerzan rechazo a proyectos petroleros
Sayda Chiñas
Coatzacoalcos, Ver.- Las comunidades indígenas y autoridades municipales de la Sierra de Santa Marta reforzaron su postura contra las actividades petroleras en la región y comenzaron a actualizar sus actas de asamblea ejidales para dejar asentado, nuevamente, que no permitirán exploración ni explotación de hidrocarburos, especialmente proyectos relacionados con fracking.
Verónica Munier, integrante del Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, explicó que los cuatro presidentes municipales de la zona —respaldados por autoridades comunitarias— respondieron de manera unánime a la solicitud de Pemex para usar explosivos en su territorio, negando cualquier autorización.
Esa decisión, dijo, frenó temporalmente las actividades petroleras en la región, pero las comunidades no confían en que la presión empresarial o federal desaparezca.
Por ello, los pueblos nahuas y popolucas retomaron el proceso que iniciaron hace ocho años: actualizar sus actas de asamblea donde se declara que sus tierras no pueden ser utilizadas para exploración o extracción de petróleo y gas. Algunas comunidades ya concluyeron el trámite; otras esperan la fecha de su asamblea ordinaria para formalizarlo.
Munier señaló que, aunque por ahora no hay exploración activa, las comunidades se mantienen alertas ante nuevos proyectos, incluyendo la exploración de aguas profundas en la costa sur de Veracruz.
Recordó que esta zona no cuenta con protección ambiental suficiente, a diferencia del área de amortiguamiento de Los Tuxtlas, y que organizaciones como Oceana han comenzado a acompañar el monitoreo de estos planes, que aún no tienen convenios firmados, pero avanzan en su fase preliminar.
La defensora advirtió que los pueblos de la Sierra rechazan la continuidad de la búsqueda de petróleo y gas, debido a los impactos ambientales y climáticos que generan estas actividades.
Además, cuestionó que las manifestaciones de impacto ambiental “no se realizan de manera adecuada” o se elaboran sin rigor técnico, lo que deja en vulnerabilidad a las comunidades.
Con la actualización de sus actas de asamblea, los ejidos buscan blindar jurídicamente sus territorios y sostener la decisión colectiva de impedir proyectos extractivos que afecten sus fuentes de agua, su salud y sus formas de vida.