Chimalapas retiene a funcionarios por conflicto agrario
Diana Manzo/ Istmo Press
Oaxaca, Oax.— La comunidad zoque de Santa María Chimalapas mantiene retenido desde las 16:00 horas al procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, como respuesta al reciente fallo que invalida la nulidad de los ejidos Canaan y General Rafael Cal y Mayor. La decisión judicial, considerada por la asamblea como un retroceso en la defensa de su territorio, detonó la medida comunitaria.
La retención del funcionario federal y de dos servidores públicos estatales ocurrió tras una asamblea en la cabecera municipal, donde las y los comuneros acordaron exigir una mesa de diálogo directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el conflicto agrario rebasa el ámbito estatal.
El 18 de febrero, el Tribunal Superior Agrario resolvió por mayoría de tres votos contra dos confirmar la sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, que plantea la expropiación de 2 mil 651 hectáreas del núcleo agrario Canaan, con una indemnización “en especie” para la comunidad zoque. Para Santa María Chimalapas, este fallo desconoce sus derechos agrarios e indígenas, así como la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2021, que reconoció la línea limítrofe histórica entre Oaxaca y Chiapas y otorgó certeza territorial a los Chimalapas.
Las y los comuneros señalaron que los tres funcionarios se encuentran en buen estado de salud y reciben alimentos, pero permanecerán retenidos hasta que exista un compromiso de diálogo federal. El acceso a la comunidad continúa bloqueado y no se permite la entrada de personas ajenas, pues la asamblea advirtió que cualquier ingreso será considerado parte del conflicto.
La comunidad recordó que ambos poblados involucrados ya se reconocen como parte de Oaxaca y lamentó que la resolución agraria invalide décadas de trabajo colectivo. Señalaron que la nueva sentencia desconoce la línea limítrofe trazada desde 1549 y ratificada por la Suprema Corte en 2021, así como los procesos de conciliación impulsados desde 1991 con campesinos asentados en la zona oriente, que derivaron en acuerdos con seis núcleos agrarios entre 1994 y 2017.
En una asamblea realizada el 21 de febrero, Santa María Chimalapas determinó rechazar la resolución del Tribunal Superior Agrario y no permitir “por ningún precio” el despojo de su territorio ancestral. La comunidad anunció que continuará la defensa jurídica y, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales especializadas en derechos indígenas y protección ambiental.
Finalmente, la asamblea hizo un llamado urgente al gobierno federal para intervenir de manera inmediata y advirtió que lo responsabilizará de cualquier consecuencia derivada de la situación.