Comunidades del Uxpanapa advierten movilizaciones

Sayda Chiñas

Coatzacoalcos, Ver.- Representantes de comunidades indígenas asentadas a orillas del río Uxpanapa denunciaron retrasos en el avance del juicio de amparo promovido contra el proyecto del acueducto a La Cangrejera y advirtieron que podrían emprender movilizaciones sociales ante la falta de respuesta de autoridades federales y estatales.

José Silvestre Hernández, integrante del movimiento comunitario, señaló que las dependencias señaladas como responsables aún no han presentado los informes requeridos por el juzgado, pese a que fueron notificadas desde hace varios días.

Explicó que las comunidades acudieron nuevamente a la sede judicial para conocer el avance del expediente y encontraron que varias de las autoridades involucradas no han comparecido ni han rendido la información solicitada por la autoridad judicial.

“Nos preocupa bastante porque no están tomando en serio nuestro reclamo”, manifestó.

De acuerdo con el seguimiento jurídico del expediente 1089/2026, la audiencia incidental en la que se determinaría si procede o no la suspensión definitiva de la obra fue diferida y reprogramada para el próximo 18 de noviembre.

El aplazamiento se debe a que continúan en trámite las notificaciones dirigidas a diversas autoridades federales, entre ellas la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito aún no emite el acuerdo mediante el cual acepta formalmente la competencia del caso, luego de que el expediente fuera remitido desde un juzgado federal con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

A esto se suma un incidente de acumulación de expedientes que mantiene sin avances el juicio principal, mientras continúan los trabajos relacionados con el proyecto hídrico en la región sur de Veracruz.

Silvestre Hernández indicó que la situación será presentada a las comunidades para definir las acciones a seguir, entre ellas posibles movilizaciones sociales para exigir una respuesta de las autoridades.

Precisó que hasta ahora han privilegiado la vía legal, pero consideran que la falta de atención institucional obliga a analizar otras formas de presión social.

Entre las alternativas que se encuentran sobre la mesa está la organización de una concentración pacífica en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Coatzacoalcos, así como la integración de una comisión que busque dialogar directamente con funcionarios judiciales sobre la urgencia del caso.

Asimismo, informó que se analiza enviar una representación comunitaria a la Presidencia de la República para exponer la situación y solicitar la intervención del Gobierno Federal.

Los representantes de las comunidades sostienen que su demanda no busca confrontación, sino que se garanticen sus derechos como pueblos indígenas y que exista información clara sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en sus territorios.

También acusaron que, hasta el momento, no han recibido acercamientos de dependencias como Conagua o Semarnat para dialogar sobre sus inquietudes, pese a que las comunidades han solicitado ser escuchadas.

“Estamos viajando hasta cuatro horas desde nuestras comunidades para dar seguimiento al proceso y no vemos el mismo interés de las autoridades”, señaló el representante comunitario.

Mientras se resuelve el juicio, las comunidades mantienen la expectativa de que el Poder Judicial determine la situación jurídica del proyecto y defina si procede o no la suspensión definitiva solicitada por los habitantes de la región.

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