Suspensión provisional del acueducto Uxpanapa–Coatzacoalcos

Sayda Chiñas /Fotos: Raúl Rasgado

Coatzacoalcos, Ver.-  Las comunidades del Valle de Uxpanapa obtuvieron la suspensión provisional de la construcción del acueducto La Cangrejera–Coatzacoalcos, luego de que un juez federal admitiera el amparo colectivo promovido por habitantes de la cuenca. La obra podrá continuar, pero únicamente si las autoridades federales y estatales cumplen una serie de obligaciones técnicas y ambientales en un plazo de tres días hábiles.

José Silvestre Hernández, presidente del Comité Comunitario del Valle Hispana, confirmó que la notificación llegó este jueves y que la resolución representa un avance para las comunidades que han manifestado preocupación por el impacto hídrico en la región.

Refirió que en la cuenca alta se registra disminución en los niveles de los arroyos que vienen de los manantiales que forman la cuenca y temen que las afectaciones ambientales se vean a largo plazo.

“Al extraer una cantidad enorme de agua, sí va a haber afectaciones. En tiempo de sequía va a haber menos agua. Los niveles del río ya están bastante bajos en los últimos años”, señaló Hernández.

Las comunidades dependen del río para consumo humano, actividades agrícolas y abastecimiento de ganado, por lo que consideran indispensable un estudio técnico que determine si la obra representa un riesgo a mediano o largo plazo.

El abogado José Luis Castro, representante legal del amparo, explicó que la jueza Décimo Cuarto de Distrito concedió la suspensión provisional de la construcción del nuevo acueducto y estableció condiciones estrictas para que la obra continúe.

El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobierno del estado de Veracruz y el municipio de Coatzacoalcos deben presentar información donde se verifique que la obra no afecte los recursos de agua del río Uxpanapa.

Además, comprobar que no exista daño al ecosistema ni a la cuenca; realizar medidas precautorias para garantizar que el bombeo no afectará a las comunidades; y cumplir con la normatividad federal en materia de aguas nacionales.

La jueza otorgó tres días hábiles para que las autoridades comiencen a realizar estas acciones. En caso de incumplimiento, las comunidades podrán promover un incidente de violación a la suspensión, lo que podría derivar en responsabilidad penal para funcionarios y, eventualmente, en la suspensión total de la obra.

Castro señaló que esta resolución es similar a la emitida en el amparo promovido por comunidades de la región de Los Chimalapas, en Oaxaca, donde también se otorgó suspensión provisional. En ese caso, las autoridades incumplieron con la información requerida por el juez y ya se encuentra en trámite un incidente de violación a la suspensión.

El abogado explicó que los estudios de impacto ambiental existentes son locales y se realizaron únicamente en la presa La Cangrejera y en la zona donde se instalará el acueducto. Sin embargo, la obra tomará agua directamente del río Uxpanapa, cuya cuenca nace en la selva de Los Chimalapas.

“Los estudios no contemplan la cuenca alta ni la cuenca baja. La obra fue fragmentada para evitar la consulta libre e informada a los pueblos indígenas, que es una obligación constitucional”, afirmó.

También señaló que el gobierno ha afirmado que el abastecimiento provendrá del arroyo Teapa, pero este es un afluente temporal que no tiene el caudal necesario para sostener el bombeo industrial.

El abogado agregó que, aunque la obra se presenta como de uso público, las declaraciones oficiales indican que el acueducto beneficiará principalmente a los complejos industriales de Pemex y a las empresas que se instalarán en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“La Cangrejera ya abastece a los complejos, pero ya no es suficiente. Si llegan más industrias, necesitarán más agua, y esa agua proviene del Uxpanapa”, señaló.

Las comunidades esperan que las autoridades comiencen a cumplir las obligaciones impuestas por la jueza entre lunes y martes de la próxima semana, una vez que todas hayan sido notificadas formalmente.

Si las instituciones no cumplen, las comunidades promoverán el incidente de violación a la suspensión y solicitarán la suspensión total de la obra.