Colectivos piden aceptar apoyo de la ONU ante desapariciones forzadas en México
SAYDA CHIÑAS
Coatzacoalcos, Ver.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron al Gobierno Federal aceptar el plan de apoyo propuesto por la ONU para fortalecer la investigación y erradicación de la desaparición forzada en México, una práctica que organismos internacionales han señalado como posible crimen de lesa humanidad. Veracruz figura entre los estados con casos documentados y patrones reconocidos.
Belén González, integrante del colectivo que lleva su nombre, señaló que las familias buscadoras esperan que el gobierno permita la intervención técnica internacional, luego de años en los que —afirmó— se ha rechazado cualquier tipo de acompañamiento externo para investigar desapariciones y avanzar en la identificación de restos.
Recordó que en Veracruz se ha demostrado la participación de elementos de seguridad en diversas desapariciones, especialmente durante los operativos implementados desde el sexenio de Javier Duarte. Aunque ha habido reconocimientos oficiales y disculpas públicas, persiste —dijo— un patrón de encubrimiento, principalmente en casos donde están involucradas fuerzas armadas, y las carpetas de investigación no han logrado establecer el paradero de las víctimas.
González obtuvo una sentencia de 40 años de prisión contra cinco elementos de la Marina por la desaparición de su hijo, Jacob Vicente Jiménez, ocurrida en Coatzacoalcos en 2015. Sin embargo, a pesar de las detenciones, el paradero del joven continúa sin esclarecerse.
En Coatzacoalcos se han realizado dos actos públicos relacionados con el Operativo Blindaje, aplicado durante la administración de Duarte, en el que participaron policías estatales y personal de la Marina, y que ha sido señalado por familias como un periodo crítico en el aumento de desapariciones.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU envió un informe en el que advierte que existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas en el marco de ataques generalizados o sistemáticos contra la población, lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad. En el documento se mencionan específicamente a Guerrero, Veracruz y Sinaloa por la presencia de fosas clandestinas y patrones de desaparición.