Profepa multa a Cosoleacaque y Minatitlán por reabrir tiradero de Las Matas
Sayda Chiñas
Coatzacoalcos, Ver.— La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) impondrá una multa de 18 millones 102 mil 400 pesos a los municipios de Cosoleacaque y Minatitlán por reabrir el tiradero a cielo abierto de Las Matas, pese a la clausura total definitiva ordenada por la autoridad ambiental.
La dependencia informó que, durante una visita realizada en abril del año pasado, se verificó que los municipios responsables de disponer sus residuos en este sitio debían buscar alternativas para el manejo adecuado de sus residuos sólidos urbanos. Recordó que el Gobierno Federal asignó recursos, a través de Banobras, para que los ayuntamientos contaran con opciones temporales de disposición final.
Los días 22 y 23 de abril, la Profepa ordenó la presentación de un programa calendarizado de cierre y remediación, así como la reducción del ingreso de residuos en un 30%. Ninguna de estas medidas fue cumplida.
El 4 de septiembre de 2025, la Profepa determinó imponer la multa y decretó la clausura total definitiva del tiradero de Las Matas, luego de documentar que el Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial (Sigires), operador del sitio, incurrió de manera reiterada en violaciones a la normatividad ambiental.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la ausencia de sistemas de captación y tratamiento de lixiviados y biogás, la falta de cobertura diaria de residuos, deficiencias en la conformación de celdas y taludes, escurrimientos de contaminantes hacia cuerpos de agua, presencia de fauna nociva y actividades de pepena.
Pese a la clausura definitiva, los municipios quedaron obligados a ubicar un sitio alterno para el manejo de sus residuos. Sin embargo, Cosoleacaque y Minatitlán, con el visto bueno del Sigires y en desacato a las medidas urgentes impuestas por la Profepa, violaron los sellos de clausura y continuaron depositando basura en Las Matas durante seis meses. Estas acciones degradaron las obras de saneamiento entregadas en agosto pasado y representan un daño patrimonial, al haberse destruido infraestructura financiada con recursos públicos.
La Profepa señaló que tanto los ayuntamientos como el Sigires deben asumir sus responsabilidades y cumplir con lo ordenado: el plan de trabajo 2026, el cierre total y definitivo del sitio y el pago de la multa impuesta.
La dependencia recordó que los municipios han sido informados desde hace tiempo de la necesidad de contar con un sitio alterno para la disposición de sus residuos, en lugar de trasladar la carga a la población mediante la suspensión del servicio de limpia.