Artículo 19 acusa criminalización del periodista Rafael León y cuestiona actuación de juez y Fiscalía de Veracruz
México.La organización Artículo 19 condenó que el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores haya “consolidado la criminalización” del periodista Rafael León Segovia, luego de que fuera vinculado a proceso por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imponiéndole un año de prisión domiciliaria.
En un comunicado, la organización señaló que la audiencia estuvo marcada por múltiples inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, en un intento por atribuir responsabilidad penal al comunicador por sus coberturas periodísticas en temas de seguridad.
Indicó que la defensa del periodista logró demostrar que no existe ninguna relación comprobada con estructuras delictivas y que la imputación por terrorismo fue “completamente arbitraria”.
Detalló que la FGE Veracruz criminaliza la labor periodística al inculpar a Rafael León por la información que recibe a través de diversas fuentes y sobre la cual reporta en su medio de comunicación.
“Para la autoridad, dar a conocer a la sociedad información sobre un acontecimiento constituye un indicio de conocimiento previo del hecho delictivo. Es decir, bajo el argumento de que Rafael ‘llegaba antes’ a cubrir la nota, la Fiscalía está buscando criminalizar su trabajo”, denunció.
Artículo 19 afirmó que las acusaciones se sustentan en un supuesto “testigo protegido”, cuyas declaraciones fueron recabadas con múltiples irregularidades y presentan contradicciones. Además, las coberturas periodísticas del comunicador fueron utilizadas por la Fiscalía como presuntas pruebas de hechos ilícitos.
“Bajo estos parámetros se impone un riesgoso precedente para el ejercicio del periodismo, que puede dar pie a la criminalización de más personas comunicadoras. Artículo 19 manifiesta su rechazo a la criminalización que Rafael enfrenta por parte de la Fiscalía y por la falta de apego a derecho que el juez demostró en su determinación”, agregó.
La organización subrayó que la medida cautelar de arraigo domiciliario hasta que concluya el juicio es desproporcionada, pues impide que el periodista salga a las calles y continúe con su labor, “afectando no solo su forma de vida y sus derechos, sino también el derecho a la información de la sociedad”.
Asimismo, exhortó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a intervenir en el caso, gestionando medidas de protección inmediatas para Rafael y su familia, quienes se encuentran en riesgo en un contexto de amenazas y persecución.
Por otra parte, pidió nuevamente a la Fiscalía General del Estado cesar la criminalización de la labor periodística y al Poder Judicial de Veracruz garantizar condiciones mínimas de independencia e imparcialidad.