Habitantes de Oluta rechazan relleno sanitario regional y bloquean ingreso de basura de otros municipios
Sayda Chiñas
Oluta, Ver.— Habitantes de Oluta se oponen al proyecto estatal de establecer un relleno sanitario regional que reciba la basura de los municipios de Minatitlán, Cosoleacaque y Acayucan. El Gobierno del Estado invirtió 28 millones de pesos en su construcción, pero la operación del lugar no está concesionada al municipio.
Los habitantes bloquean el acceso al relleno sanitario para impedir el ingreso de camiones recolectores de municipios cercanos que no cuentan con un sitio propio para la disposición final de sus residuos.
El cierre del tiradero de Las Matas, ordenado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), obligó a Cosoleacaque y Minatitlán a enviar su basura a Oluta, pagando un arriendo. Sin embargo, la población rechaza esta medida, ya que —afirman— la decisión no fue consultada.
El 18 de agosto de 2023, el Cabildo de Oluta, encabezado por Mauricio Alarcón Castillo, donó el terreno del antiguo basurero municipal al Gobierno de Veracruz, a través de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente. En ese predio, donde operaba un tiradero a cielo abierto, se construyó el relleno sanitario, proyectado desde el inicio como regional, aunque la población no ha permitido que opere como tal.
La operación actual está marcada por conflictos intermunicipales y tensiones por el manejo de residuos.
Vecinos de dos colonias aledañas señalaron que la disposición de desechos se ha incrementado, pues no solo reciben los residuos de Acayucan, sino también los de municipios más grandes como Minatitlán y Cosoleacaque.
También denunciaron el ingreso de basura proveniente de Coatzacoalcos, Soteapan e incluso del estado de Tabasco, lo que —advierten— reducirá la vida útil del proyecto.
Este martes se realizó una reunión entre ciudadanos inconformes, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Luz María Zaleta Mendoza, y autoridades municipales de Oluta y Acayucan.
Los ciudadanos afirmaron que no hubo entendimiento, ya que las autoridades plantearon la necesidad de que el relleno genere ingresos para su operación, lo que implicaría seguir recibiendo basura de otros municipios. Tampoco se presentó un esquema claro para transparentar cuánto pagarían los ayuntamientos.
Solo en el caso de Acayucan se otorgó un plazo de 30 días para encontrar una alternativa para la disposición de sus residuos. Respecto al resto de los municipios, los habitantes advirtieron que no permitirán que continúen utilizando el sitio.
La secretaria Luz María Zaleta Mendoza confirmó que no se alcanzó un acuerdo y explicó que el relleno opera bajo los lineamientos federales. Señaló que se presentó una propuesta a los inconformes para que la socialicen con el resto de la comunidad y se pueda avanzar hacia un consenso.
La funcionaria indicó que el diálogo seguirá abierto con ciudadanos y autoridades para aprovechar la infraestructura saneada del antiguo tiradero y las celdas ya construidas.
Por su parte, Sergio Francisco Palencia Pérez, encargado del proyecto, informó que se trabaja en la rehabilitación y transformación del sitio para convertirlo en un espacio funcional y ambientalmente responsable. Las autoridades reconocen el deterioro histórico del lugar y destacaron el trabajo del personal operativo.
Cabe señalar que no es la primera vez que un municipio rechaza la operación de un basurero municipal, antes Nanchital emprendió medidas similares e impidieron la construcción de lo que el gobierno federal llamó Casa Caracol.