Colectivo pidió a la Corte Penal internacional que se investigue las desapariciones forzadas en Veracruz
México.- Integrantes del Colectivo Solecito Veracruz buscan que la Corte Penal Internacional (CPI), analice el expediente de la desaparición forzada de varias personas durante el sexenio de Javier Duarte y se les juzgue por crímenes de Lesa Humanidad.
Las activistas sostuvieron una reunión virtual con la Corte Internacional de Derechos Humanos que se ubica en La Haya en Holanda, para presentar el caso de Veracruz y la desaparición forzada de muchas personas por parte de elementos de Policía estatal y otras corporaciones.
La presidenta del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Henao, visitó las instalaciones de la CIDH en La Haya, para presentar un informe con pruebas de las desapariciones forzadas qué se registraron en Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
Esperan que la Corte analice los casos que se llevaron para que Javier Duarte de Ochoa pague, no nada más por enriquecimiento ilícito, sino por desaparición forzada.
La integrante del Colectivo Solecito declaró que el ex gobernador y varios de sus colaboradores de primer nivel, debe de ser juzgado a nivel internacional por el delito de lesa humanidad.
En La Haya también presentaron el caso de las fosas clandestinas de Arbolillo en Alvarado, pues cuentan con un rezago muy grande de identificación de cuerpos, del 2018 a la fecha apenas se han identificado 40 personas.
El documento de 56 páginas presentado principalmente los resultados de las investigaciones realizadas por las organizaciones firmantes sobre 41 casos de desaparición de personas ocurridos en el estado de Veracruz.
En al menos 22 casos se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales.
Asimismo, el informe documenta el descubrimiento de las fosas clandestinas más grandes de América Latina, hoy conocidas como “Colinas de Santa Fe” y “El Arbolillo”, ambas cerca del Puerto de Veracruz, donde se localizaron 615 cuerpos entre 2016 y septiembre de 2022.
El informe describe la profunda omisión y negligencia por parte de las autoridades estatales en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de desaparición forzada.