Veracruz reforma nombramiento de Fiscal General
Xalapa, Ver.— Con 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz que modifican el mecanismo de nombramiento, ratificación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El nuevo diseño institucional otorga al Poder Ejecutivo la facultad de proponer y, en última instancia, designar entre dos perfiles previamente enviados al Congreso.
Con las reformas aprobadas, la persona Titular del Poder Ejecutivo será quien presente la propuesta para encabezar la FGE, y el Congreso dispondrá de cinco días hábiles para votarla. En caso de no emitir pronunciamiento, la propuesta se considerará aprobada. Si la primera propuesta es rechazada, el Ejecutivo enviará una segunda; si esta tampoco reúne la votación necesaria o el Congreso no se pronuncia en el plazo, el Ejecutivo podrá elegir entre las dos personas propuestas inicialmente.
El cargo tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de un segundo periodo ratificado directamente por el Ejecutivo y notificado al Congreso para la protesta de ley. Asimismo, la reforma abre la puerta a que el Ejecutivo estatal pueda remover anticipadamente a la o el Fiscal por causas graves previstas en la ley, decisión que solo podría ser objetada por el Congreso mediante la misma votación calificada requerida para el nombramiento.
Durante la Decimosegunda Sesión Ordinaria, Morena, PVEM, PT y MC destacaron que el nuevo modelo garantiza celeridad, coordinación entre poderes y claridad en la responsabilidad política, evitando parálisis institucionales. El PVEM consideró que se eliminan vacíos constitucionales y se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Para el PT, el nuevo diseño representa una evolución hacia un esquema más dinámico y acorde con las necesidades actuales.
En contraste, PAN y Veracruz Nos Une advirtieron un retroceso en la autonomía del organismo, aunque hicieron votos para que la independencia institucional y la confianza pública en el combate a la impunidad prevalezcan.
Al tratarse de cambios constitucionales, la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, instruyó remitir el decreto a los 212 ayuntamientos para su análisis y eventual aprobación.
La discusión anticipa un reacomodo mayor en el sistema de procuración de justicia en Veracruz, cuyo impacto será determinante para los próximos años.