Ejidatario detenido por invasión de viviendas reaviva denuncias en Cosoleacaque
Cosoleacaque, Ver.- Elementos policiacos detuvieron a Juan Gómez Rosas, presidente del comisariado ejidal de Cosoleacaque, junto con dos hombres identificados como Profirió Rosaldo Bustamante y Panuncio González, tras ser acusados de irrumpir ilegalmente en varias viviendas del fraccionamiento Arboledas.
Según los primeros reportes, los señalados habrían forzado cerraduras y chapas para apropiarse de los inmuebles, situación que fue denunciada por vecinos del conjunto habitacional. La rápida intervención de las autoridades permitió su captura, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que será la encargada de determinar su situación jurídica y los delitos que se les imputen.
La detención de Gómez Rosas reactivó denuncias acumuladas por parte de habitantes de Cosoleacaque, quienes lo acusan de presuntos abusos desde que asumió el cargo. Entre los señalamientos destacan la duplicación de cesiones de derechos, apropiación de terrenos de personas fallecidas y uso político del poder ejidal para favorecer intereses particulares.
Pobladores también lo vinculan con otras invasiones, como un lote en la colonia El Naranjito, donde presuntamente vendió cesiones de derechos amparándose en su puesto, así como con intentos de ocupación de tierras en el vecino municipio de Oteapan. En ambos casos, se le señala por operar bajo esquemas de presión y manipulación institucional.
La captura ocurre en un contexto de alta presión territorial, donde el control de la tierra ejidal se ha convertido en un foco de conflicto entre liderazgos comunitarios, intereses económicos y vacíos institucionales. Para muchos habitantes, el caso de Gómez Rosas representa no solo un presunto abuso de poder, sino también una fractura en la confianza hacia las estructuras ejidales.
Será la FGE quien integre la carpeta de investigación y presente ante un juez los elementos necesarios para definir la responsabilidad de los detenidos. Mientras tanto, la comunidad exige que se esclarezcan los hechos y se garantice que los bienes ejidales no sigan siendo objeto de apropiación indebida.