Madres de Veracruz denuncian violencia vicaria y corrupción judicial

Sayda Chiñas

Coatzacoalcos, Ver.-  Un grupo de mujeres del sur de Veracruz se manifestó afuera de los juzgados familiares para denunciar la violencia vicaria que sufren. Muchas de ellas llevan más de cinco años en procesos judiciales tratando de recuperar a sus hijos.

Durante la protesta, señalaron arbitrariedades y corrupción en los Juzgados Octavo y Décimo de lo Familiar del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Coatzacoalcos, donde, a pesar de contar con amparos y fallos a su favor, no les han permitido convivir con sus hijos.

Uno de los casos es el de Emi Betzaida Romero Aguilar, una migrante hondureña con dos hijos mexicanos. Su hijo menor, Jair, fue sustraído por su padre, Jair Cayetano Hernández, el pasado 26 de mayo de 2023.

El juez Octavo, Luis Daniel Ruiz, le concedió el depósito judicial del menor a su expareja, a pesar de que existe una denuncia por sustracción de menores. Argumentó que ella no está capacitada para cuidar a su hijo por ser extranjera y por tener otro hijo con síndrome de Asperger. A pesar de que Emi lleva 10 años viviendo en México y es residente legal, su nacionalidad ha influido en el juicio en su contra.

Otro caso es el de Abigail Meléndez, quien lleva cinco años luchando por ver a su hijo. Actualmente, debe pagar el 40% de pensión, pero no le permiten convivir con el menor, Ian Mateo.

Relató que ha obtenido amparos que le conceden el derecho de visita, pero la jueza Décima, María Alicia Caram Castro, no ha restituido su derecho. Expuso que en ese juzgado hay múltiples casos similares, donde los fallos favorecen a los padres con mayores recursos económicos.

“A mi hijo me lo quitó su papá, David Girón, hace cinco años y no me deja verlo. El 10 de octubre de 2020 promovió un depósito en el Juzgado Décimo Cuarto, que ya no existe, y mi caso fue turnado al Juzgado Octavo. Por la vía federal se ordenó que me restituyeran a mi hijo, pero lo que hizo su padre fue poner a su mamá, Juana Collado Jiménez, como depositaria. Ahora, además, me están demandando nuevamente por pensión”, denunció.

Lázara del Carmen Escotia Ochoa, otra madre afectada en Cosoleacaque, relató que vivió siete años con su pareja, quien la violentaba y violaba. Tras separarse, el padre de sus hijos aprovechó un espacio de convivencia para presionarlos y hacerlos declarar en su contra.

“Mis hijos declararon que mi nueva pareja y yo los golpeábamos. Pero después de siete años de golpes y amenazas, yo no he iniciado ninguna relación. Todo es mentira para quedarse con mis hijos. Él es un hombre violento que los mantiene bajo amenazas; mis niños tienen apenas 6 y 7 años”, expresó.

Detalló que la jueza entregó el depósito judicial de los menores a su expareja, aun cuando ella presentó pruebas de que él padece esquizofrenia y epilepsia.

En los juzgados de Coatzacoalcos hay otros casos en circunstancias similares. Las madres esperan que la aprobación de la ley contra la violencia vicaria pueda acelerar los procesos y les permita recuperar a sus hijos.

Denunciaron que muchas mujeres viven separadas de sus hijos debido a irregularidades y retrasos en los juicios, los cuales se han convertido en procesos desgastantes tanto emocional como económicamente.

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