Greenpeace exige el cierre del basurero de Villa Allende  y un cambio en la ley de residuos

Coatzacoalcos, Ver.- La Agrupación ecologista Greenpeace busca una “Ley anti plásticos” en México que regule  su uso y  se responsabilice  del saneamiento de basurero y el  reciclado de residuos sólidos,  a todas las empresas  involucradas en su producción, especialmente del área petroquímica.

En el marco de la acción por el cierre del tiradero a Cielo Abierto de Villa Allende, Ornela Garelli, campañista de Océanos  y plásticos de Greenpeace  indicó que  en México hay una gran contaminación generada por un  alto consumo de  plásticos de un solo uso y la falta de un verdadero sistema de gestión de la basura.

Dijo que el  basurero de Villa Allende, es una muestra del mal tratamiento de los sólidos municipales y estiman que  existen alrededor de dos mil 300 tiraderos que no cumplen las leyes ambientales, muchos de ellos se ubican en comunidades que tampoco tienen  recursos suficientes para tratarlos.

La propuesta de esta agrupación internacional  es lograr una “ley anti plásticos” en México, a través de una reforma a la ley General de residuos, en la que se puedan  prohibir los desechables de un solo uso y que  no son  separados correctamente.

“Tenemos el mismo modelo de producir y consumir en masa productos diseñados para tirarse, porque la mayoría de ellos son plásticos de un solo uso como pueden ver hay muchas bolsas desechables en este basurero”

La activista indicó que la modificación a la ley propone también generar una responsabilidad extendida del productor, con la cual buscan obligar a todas las empresas que  forman parte del ciclo de vida de los plásticos a pagar por las remediaciones y la separación.

Esta  responsabilidad se estaría trasladando a  empresas petroquímicas  como Pemex, Braskem, Idesa o Mexichem, entre otras dedicadas a la producción de plásticos y fibras sintéticas,  abarcando desde el proceso de extracción del combustible y los diferentes procesos de fraccionado de toda la materia prima.

Ornela Garelli, detalló que actualmente, los ciudadanos son los que tienen la carga de financiar la remediación de los basureros a cielo abierto, ya que se paga de los impuestos, pero se exime a  las empresas petroleras y petroquímicas  que los producen.

“No es justo que las empresas dejen toda la responsabilidad del reciclaje cuando ellos generan millones de dólares por comercializar este tipo de productos”.

De acuerdo con las cifras de Greenpeace, menos del seis por ciento de los plásticos producidos en el mundo han sido reciclados y por eso consideran importante la reunión que se realiza  en Corea del sur  donde se negocia   un tratado global de plásticos que busca poner el foco en las petroquímicas.

Villa Allende, un pasivo ambiental latente.

Las agrupaciones Greenpeace y Allende 213  realizaron una acción para visibilizar la contaminación que genera el tiradero a cielo abierto de Villa Allende,  ubicado en el municipio de  Coatzacoalcos, donde se confinan de manera diaria 400 toneladas de basura.

Los activistas de Greenpeace escalaron la gran montaña de basura, el  cual afecta a la población que vive principalmente en la colonia Allende Unzaga y un sistema lagunar conectado con el río Coatzacoalcos.

Luis Martínez, representante de la agrupación Allende 213 indicó que financiaron una serie de análisis a los sistemas lagunares y el suelo alrededor del basurero, donde se  han encontrado altos niveles de contaminación.

Detalló que la gente que vive en las colonias aledañas, en un radio de cuatro kilómetros, han tenido problemas respiratorios y dermatológicos por los lixiviados que no son tratados adecuadamente y que contaminan el manto freático y los pozos artesianos, además de las emanaciones de gas metano 

Desde el 2018, la Procuraduría de Medio Ambiente del estado de Veracruz realizó   la primera clausura del predio pero lo vuelven a reabrir, ya que el municipio no cuenta con  un relleno sanitario adecuado a las leyes ambientales.

Este basurero se abrió en 1991 pero solo recibía la basura de la villa, una pequeña población de  pescadores y de trabajadores de  Pemex, fue en la administración de Javier Duarte cuando se permitió que la basura  que genera todo el municipio se disponga en ese lugar y la extensión del tiradero es de 11 hectareas y se han usado 9 de ellas, pero no hay separación con la población.

La propuesta de la agrupación es sentarse con el ayuntamiento para que se proponga una remediación efectiva, fuera de tapar con tierra los residuos y mantener un sistema de apoyos a la población que vive de la pepena.

El alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz, declaro que el tiradero iba a cerrar en el 2024 en coordinación con SEMARNAT. Sin embargo, el mismo gobierno se ha amparado en contra del cierre a través de un recurso de revisión y con esto siguen operando.