630 mil alumnos y 99 mil empleos se verán afectados por nueva norma para escuelas privadas

MÉXICO.-En fecha próxima, el gobierno federal publicará la norma 237, creada por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual aumentará las regulaciones para las escuelas privadas, ya que tendría que pagar una certificación especial que es muy cara.

Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la  Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF)  señaló que será un  duro golpe a la educación de calidad en el país, afectaría la libertad de los padres de familia de optar por una alternativa para sus hijos y provocaría una mayor demanda de espacios en el sistema público.

Refirió que  aumentará la  presión más para que el Estado Mexicano pueda cumplir con su obligación educativa, sobre todo en estos momentos cuando le sería realmente imposible atender a quienes deserten de las escuelas particulares por la crisis provocada por la pandemia.

“La Secretaría de Economía está actuando en beneficio de un tercero, aquellos que van a evaluar la Norma, porque no lo va a hacer el personal ni la infraestructura de la SE, y el gasto operativo lo va a tener que absorber el padre de familia”.

las representaciones de varios organismos señalaron que al menos  18 mil escuelas particulares que forman parte del Sistema Nacional de Educación, estarian en una gran desventaja porque no podrían cubrir los costos que la nueva norma nos obligaría.

Tampoco estan en condiciones financiera para  defenderse de esta decisión mediante un juicio de amparo por los altos precios que tomar una decisión de judicializar su reclamo,

“si tomamos en cuenta que las escuelas mayormente afectadas son instituciones pequeñas, que atienden zonas de bajo poder adquisitivo, con un promedio de 35 alumnos, sobre todo de educación básica”, refirieron las agrupaciones en voz de  José Rogelio Varela Cáñez, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora (FEP – Norte de Sonora).

“la cantidad de niños y adolescentes que se quedarían sin poder continuar con sus estudios sería de 630 mil. Si a ellos se les cobra un promedio de 1,200 pesos mensuales, las instituciones particulares dejarían de recibir al año 9 mil 72 millones de pesos, lo que implicará el cierre del empleo para 54 mil docentes al computar a 3 por escuela, más el director o directora, una persona de intendencia y un empleo indirecto de contador, tienda escolar u otro servicio, tomado en medioempleo, lo que nos daría la cifra de 99 mil empleos afectados”.

Expresó también que si se realiza un promedio de 7 mil pesos de salario por empleo, la nómina anual de estas 18 mil escuelas que se perdería suma 8 mil 316 millones de pesos.

Además, los gobiernos estatales dejarían de recaudar 207 millones 900 mil pesos por concepto de impuesto sobre nómina y otros accesorios; el Gobierno Federal dejaría de percibir 277 millones 992 pesos de Impuesto Sobre la Renta de los empleos, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social dejaría de contar con mil 771 millones 729 mil 740 pesos. A su vez, el Infonavit dejaría de recibir 415 millones 800 mil pesos, destacaron.

Estas sumas implican un impacto anual en contribuciones de 2 mil 465 millones 521 mil 740 pesos, que se sumarían al millón 575 mil alumnos dejarían de percibir sus becas de 40 por ciento que ofrecen las escuelas particulares a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, consideran que, de acuerdo con el impacto posterior, estas cifras se podrían extrapolar hasta un ciento por ciento más porque el perjuicio crecerá poco a poco.

Los representantes de las escuelas de educación particular consideran que quienes están al frente de la decisión por publicar la NOM 237 no velan por el bien común, sino por el bien de algunas empresas certificadoras y evaluadoras que asistieron a las mesas de trabajo, donde contrario a nuestras argumentaciones, siempre estuvieron apoyando la creación de la NOM, pese a su carácter inconstitucional, como fueron las empresas IT Lawyers y CEIDIC.

Itzel Carmona, representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), insistió en que procedimentalmente todavía se puede cancelar ¿y evitaría que las escuelas recurrieran al amparo.