Veracruz, estado hostil para defensores de derechos humanos y periodistas

Veracruz, Ver.-

El pasado 24 de junio se llevó a cabo el segundo conversatorio del ciclo “La defensa de DDHH y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19” en el marco de la difusión local del informe homónimo presentado hace algunos meses. Conversamos sobre la situación de Veracruz con las compañeras defensoras, Anais Palacios del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Sandra Segura periodista, Isela Pavón de Colectiva Colmena Verde Veracruz y Metzeri Ávila de Marea Verde Totonacapan y Católicas por el derecho a decidir.

Al diálogo con las defensoras se sumaron Minerva Regina Pérez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Gaia Alice Hefti de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para México, Guillermo Rodríguez del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), e Israel Hernández Sosa de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

De acuerdo con los hallazgos de este informe, Veracruz permanece como una de las entidades federativas más hostiles para la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión. Con los asesinatos de María Elena Ferral, Adán Vez Lira y Julio Valdivia, Veracruz se posicionó como el tercer estado más letal para personas defensoras y periodistas en 2020. También continuaron los riesgos y violaciones a la garantía de derechos humanos en el estado, destacando la represión a movilizaciones feministas y la continuación de proyectos extractivos.

Durante su participación Anais Palacios señaló que existe desacreditación e intimidación por parte de cuerpos policiacos y funcionarios públicos hacia las defensoras de los derechos humanos en el estado de Veracruz.

También indicó que uno de los impactos derivados de las medidas sanitarias por la contingencia covid-19 fue el de dificultar la labor de las defensoras de derechos humanos en especial de quienes realizan la búsqueda de verdad, justicia y reparación ante los cientos de personas desparecidas en la entidad. A ello se suma el incremento de violencia en Veracruz en medio de disputas electorales y cambios políticos, todo ello agravado por la criminalización a la labor de defensa de derechos humanos.

Por su parte, la defensora Isela Pavón compartió que, durante la pandemia, muchas defensoras perdieron empleos y fuentes primarias de ingresos, lo que obstaculiza su labor ya que ese ingreso es el que les permitía realizar actividades de defensa de derechos humanos, y agregó que esta situación también hace que en muchas defensoras se agudice la doble o triple jornada por las nuevas dinámicas de trabajo en línea.

Isela Pavón reiteró el clima de violencia que enfrentan las defensoras en el estado ya que son sujetas de calumnias, señalamientos, desprestigio y hostigamiento psicológico, y comentó que las amenazas, se han exacerbado, tanto por parte del Estado como de la ciudadanía, y que ha subido el nivel de acoso cibernético.

Mientras que Sandra Segura señaló que Veracruz sigue siendo el estado con más agresiones a periodistas, aún en el gobierno actual, y recordó los asesinatos de María Elena Ferral, Leobardo Vázquez y Jorge Celestino.

Ante lo expuesto por las defensoras, Gaia Alice Hefti de la Oficina de la Alta Comisionada manifestó que los y las defensoras siguen siendo de los grupos más vulnerables ya que su trabajo implica muchos riesgos, y esta situación ha empeorado en la contingencia por covid-19, ante lo que recordó las recomendaciones al Estado Mexicano de no estigmatizar y criminalizar a las defensoras y en cambio reconocer la labor de defensa y los riesgos que conlleva.

Por su parte, Minerva Regina Pérez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, reconoció que la mayoría de las instituciones estaban saturadas, situación que se rebasó con la pandemia, sobre todo en atención a víctimas.

También informó que se incrementaron las violaciones derechos por la falta de atención a casos de violencia de género, feminicidio, hostigamiento por parte de servidores públicos y cuerpos policiacos, sobre todo a población de la comunidad  LGBTI, y que la labor de la Comisión fue de reforzar y acompañar en todo momento a las defensoras en las diligencias ante las instituciones y manifestó que a partir de que inició el periodo de pandemia recibieron 40 solicitudes de intervención por parte de defensoras y periodistas, de las que derivaron 14 quejas.

Por último, Israel Hernández Sosa de la CEAPP reconoció que las agresiones y atentados a personas defensoras y periodistas en el estado les han hecho ver la necesidad de hacer una revisión de los procedimientos actuales ya que este organismo es de reciente creación.

Ante este panorama desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México reiteramos la certeza de que la defensa de derechos es más urgente que nunca y reiteramos el llamado al Estado Mexicano de impulsar la construcción conjunta con todos los niveles de gobierno, poderes públicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, así como el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección de personas defensoras; y la construcción de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional.